Carta Abierta….

De: Miguel Ángel Fernández

Enviado: viernes, 07 de noviembre
de 2008 13:42:20

Para: Antonio Fernández Fernández
(laloquia@msn.com)

No hace muchos días se producía un interesantísimo debate en este
blog en relación con la decisión del Juez Baltasar Garzón de atribuirse
competencia para instruir una causa penal sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura
franquista.

                Tengo mi
opinión al respecto, personal por un lado y jurídica por otro, y, al no
coincidir ambas opiniones, decidí no intervenir en su momento y quedar a la
espera de lo que se decidiese por la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
ante el Recurso interpuesto por la
Fiscalía (a mi modo de ver impecable desde el punto de vista
jurídico y terrible desde el personal).

                Ello no
obstante, tanto entre los comentaristas del blog como en los propios escritos
del procedimiento judicial (Auto y Recurso), se ha hecho referencia a la Ley de Amnistía del año 1977, a la que también han
acudido sin cesar determinados políticos que se posicionan contra cualquier
intención de revisar los terribles hechos que sacudieron este país entre 1936 y
1975, y, por ello, no puedo dejar de traer al blog una interesante noticia que
ha pasado prácticamente desapercibida tanto en el ámbito político (quizá no
haya interesado su mención) como en el informativo (quizá su mención no
interese a quienes mueven los hilos).

                Como cada
cuatro años, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha procedido a
examinar la situación de los derechos humanos en los estados firmantes del
Pacto de Nueva York, entre los cuales se encuentra España. Este examen era
especialmente esperado en nuestro caso dado que España hacía doce años que no
acudía a este tipo de sesiones (que cada cual piense las razones que movieron a
tres de nuestros gobiernos a no acudir) y los distintos grupos y asociaciones
en defensa de los derechos humanos tenían bastantes cosas que señalar.

                En la sesión,
el Comité recibe un informe preliminar de los representantes del Estado,
posteriormente recibe informes de distintos grupos, asociaciones y particulares
que han solicitado ser oídos, cuyas alegaciones traslada a los representantes
del Estado para que los mismos se pronuncien nuevamente a preguntas directas
del Comité y, finalmente, lleva a cabo un Informe al respecto.

                El Informe
sobre España apareció el pasado 27 de Octubre y, entre las cuestiones a las que
el mismo se refiere voy a destacar una que entronca directamente con el debate
que señalé al principio (si alguien quiere una copia del Informe estaré
encantado de remitírsela):

“9. El
Comité, aunque ha tomado nota de la decisión reciente de la Audiencia Nacional
de examinar la cuestión de los desaparecidos, está preocupado por el
mantenimiento en vigor de la Ley
de Amnistía de 1977.  El Comité recuerda
que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señala a la atención
del Estado parte sus observaciones generales Nº 20, según la cual las
amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son
incompatibles con el Pacto y Nº 31, sobre la naturaleza de la obligación
jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.  El Comité, aunque toma nota con satisfacción
de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica
prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos observa con
preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las
familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la
exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas.

El Estado parte debe: 
a) considerar la derogación de la
Ley de Amnistía de 1977; 
b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el
reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por
los tribunales nacionales;  c) prever la
creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la
verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas
durante la guerra civil y la dictadura, y 
d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las
víctimas y, en su caso, indemnizarlas”.

                A primera
vista parece indudable que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
viene a dar la razón a Garzón sobre la necesidad de investigar crímenes de lesa
humanidad que habrán de reconocerse como imprescriptibles, con independencia
que dicha figura haya sido incorporada a nuestra legislación penal con
posterioridad y, lo que parece más importante, plantea la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 que
equipara con una Ley de punto final totalmente incompatible con el Pacto de
Nueva York y, por lo tanto, inasumible por los Estados firmantes.

                Bueno, veamos
entonces lo que pasa.

                Unha
aperta.

                                                                                              Miguel
Ángel Fernández