La Jefatura Superior de Castilla y León, a través de su Área de Seguridad y Protección Aérea, supervisó más de 1.500 operaciones el pasado año para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. El incumplimiento de estas normas, especialmente la falta de comunicación de vuelos en entornos urbanos, conlleva multas que pueden alcanzar los 225.000 euros