Lo más lastimoso es que no será la última, porque la educación en España vive condicionada por los avatares políticos y las cuestiones ideológicas entre la derecha y la izquierda desde el siglo XIX. Las reformas educativas no buscan la calidad, sino el conflicto retórico y demagógico.

No hay consenso para temas fundamentales, sólo ruido mediático que sirve para enturbiar aún más el sistema educativo, necesitado de un amplio debate y de una evaluación seria sobre las frías estadísticas que muestran problemas muy serios en el aprendizaje de nuestro alumnado.

El profesorado, como referente del alumno, precisa un estatuto que suponga un mayor reconocimiento social de la profesión y una promoción que valore al docente innovador e investigador, así como una revisión de la selección, tanto los que ejercen en centros públicos como concertados. Tampoco quiero dejar en el olvido las facultades de educación, como ejes fundamentales de la formación inicial del profesorado, donde la Administración educativa debe tener gran implicación.

Comentaba el diputado Errejón: “libertad educativa sí, pero sin privilegios”. En un contexto de globalización, mercantilismo y neoliberalismo con aumentos desalentadores y escalofriantes de pobreza, la educación inclusiva es cada vez más necesaria. Y también es libertad tener una escuela pública con calidad, fundamental para erradicar la pobreza y proveer de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía y, en especial, al alumnado que padece desventajas sociales. Si queremos ser un país avanzado, debemos compensar las desigualdades consolidando los recursos y las mejoras educativas en aquellas escuelas vulnerables, ubicadas en zonas marginales y concentrar en ellas más apoyo económico y pedagógico. El progreso se consigue si avanzamos todos, no algunos.